EDITORIAL: Parla: trama ‘Púnica’, corrupción, despilfarro y deuda

 

La archiconocida ‘operación Púnica’ ha vuelto a crear numerosas sombras de duda sobre el comportamiento de algunos políticos y partidos con gran arraigo y presencia en Parla en las últimas décadas tras levantarse el secreto del sumario. En caso de demostrarse que el  empresario del sector inmobiliario David Marjaliza y su amigo de la infancia, el exconsejero regional Francisco Granados,  fueran los máximos beneficiarios y organizadores de la ya famosa red delictiva fuera verdad habría que empezar a exigir responsabilidades, sobre todo si se confirma su gran poder de actuación en la ciudad para recibir la adjudicación de contratos públicos y terrenos para levantar viviendas de protección oficial. Todos los imputados, cinco de nuestra localidad, deben gozar de la presunción de inocencia exigible en cualquier Estado de derecho.

Sin embargo, la gravedad y la dimensión de los presuntos delitos que el juez Eloy Velasco está investigando merecen que la instrucción y las pesquisas profundicen no sólo en las personas acusadas de recibir dinero a cambio de influir en beneficiar a ciertas empresas o personas,
sino en su entorno, si existen testaferros, si existen sociedades a nombre de otros que recibieron prebendas o privilegios de algún tipo durante la época de las vacas gordas que propició la llamada “burbuja inmobiliaria”. Gobernaba el PSOE.

Fueron años en los que en el Ayuntamiento de Parla entraron cientos de millones de euros debido a la construcción de miles de pisos, sobre todo en el nuevo barrio de Parla Este. Fueron años de gasto desbocado, de plantación de palmeras y flores frescas en las nuevas zonas verdes, de clientelismo, de contratación de artistas y famosos en las fiestas patronales, de generosas subvenciones a costa del erario público a las entidades vecinales, de Policía Local a caballo, de inauguración de rotondas y fuentes. Fueron años en los que algunos gobernantes empezaron a escribir el libro de la actual e ingente deuda que soporta el Consistorio, unos 670 millones de euros —que hay que pagar—. ¿Nadie es culpable? Vivir para ver.

En segundo lugar, la iniciativa de Beatriz Arceredillo, exalcaldesa y excompañera de los exregidores José María Fraile y Tomás Gómez, podría parecer una oportunidad para vengarse de quienes la arrinconaron y marginaron. Sea como fuere, quien se oponga a esta comisión tendrá que explicar muy bien por qué. O quedará retratado ante la ciudadanía.

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